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¿Volvieron los 90?

Por Agustín Ciotti

Las advertencias sobre un posible retorno a las políticas neoliberales, a los ’90, a la hegemonía del capital especulativo, a las privatizaciones de las empresas públicas, a niveles siderales de pobreza y desempleo fueron las principales señales de alerta con las cuales el Frente para la Victoria (FpV) pretendió impedir el triunfo electoral del empresario Mauricio Macri en las últimas elecciones presidenciales en Argentina, el 22 de noviembre pasado. Como se sabe, la apuesta fracasó: Macri logró aglutinar detrás de su partido vecinal Propuesta Republicana (Pro) a otras fuerzas, como la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), en una alianza de centroderecha que le permitió llegar al cénit del poder nacional.

La pregunta que se abrió desde entonces es si con el triunfo macrista se puso fin a una docena de años de praxis populista, orientada a la reparación social y política de los sectores sociales postergados por la ortodoxia neoliberal, aunque siempre sobre la base de una alianza policlasista con el Estado como principal mediador, y se inauguró, en su lugar, una era restauracionista de las recetas exclusivas, que cobraron fuerza a nivel mundial con la crisis del fordismo hacia mediados de los ’70. Aunque la advertencia del gobierno kirchnerista saliente dibujó un pronóstico apocalíptico, en realidad el macrismo-radicalismo deberá sortear obstáculos en principio nada sencillos, si lo que pretende realmente es concretar un giro conservador a nivel socioeconómico. Estas líneas pretenden enumerar apenas superficialmente algunos de ellos.

Un gobierno que nace débil

A pesar de que el macrismo consiguió alinear bajo su control a las tres jurisdicciones probablemente más importantes del mapa político nacional -la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, el gobierno de Cambiemos inicia su gestión con una clara desventaja en las Cámaras del Congreso, lo que lo obliga a acordar la sanción de nuevas leyes tanto con las otras fuerzas que integran su coalición como con las expresiones opositoras -no solamente el FpV- que no están dispuestas a permitir gratuitamente un viraje conservador.

A ello debe sumársele que más allá del cambio de gobierno, Cambiemos deberá lidiar con algunos funcionarios del riñón kirchnerista cuya permanencia en sus cargos está desvinculada del proceso de transición, como ocurre en el caso de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Aunque se descuenta que el nuevo Presidente dará finalmente con los mecanismos que le permitan destituirlos, será el primer costo que deba asumir para consolidar la gobernabilidad. En contrapartida, la nueva administración ostentará el control de la mayor parte del aparato represivo del Estado: la Policía Federal, la siempre cuestionada Policía Bonaerense, la Policía Metropolitana (creación del propio Macri, que podría fundirse en una sola fuerza si Nación y Ciudad acuerdan el traspaso de la Federal) y la Gendarmería Nacional.

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Es ésta, probablemente, la principal alarma que no para de sonar en las sedes de las organizaciones populares que encuentran en “ganar la calle” su principal táctica de resistencia a las políticas elitistas.  Sobre todo porque el macrismo ya dio una clara muestra de lo que es capaz de hacer, como cuando en mayo de 2013 la Metropolitana disparó balas de goma, intercaladas con proyectiles de plomo, a los delegados gremiales y legisladores que se habían concentrado en el Hospital Borda para impedir la demolición de un taller cultural. En pocas palabras, es en este equilibrio entre el amplio poder de coerción material y la insuficiencia parlamentaria que se definirá la relación de fuerzas en el escenario político argentino, al menos en el amanecer del gobierno de Macri.

Neoliberalismo y cultura: la batalla perdida

Una dificultad insoslayable que deberá afrontar el macrismo si efectivamente pretende una recomposición del modelo neoliberal en Argentina tal y como se lo conoció en los ’90 es el descrédito hacia su programa, que se abrió paso con fuerza en el imaginario social, particularmente desde la crisis de 2001. La derrota cultural del neoliberalismo alcanzó su máxima expresión aquel año con la revuelta popular de diciembre que acabó con el gobierno de Fernando de la Rúa, pero durante tres décadas su hegemonía a nivel mundial había sido incuestionable.

Tras la Gran Depresión de 1930, que había demostrado que el mercado capitalista funcionando sin interferencias -como sostenían los pilares del liberalismo económico- no había resultado el más eficiente distribuidor de los recursos de la economía, sino que, por el contrario, había disparado el desempleo y la pobreza en los países occidentales, la respuesta que habían encontrado los gobiernos para sostener el vigor del sistema capitalista fue la intervención con fines correctivos, a través del aumento del gasto público, en los períodos recesivos. Estas novedosas recetas macroeconómicas, formuladas por el economista británico John Maynard Keynes, junto con las propuestas de medidas de seguridad social, aportadas por su par William Beveridge, dieron forma al modelo de gestión estatal que se conoció como Estado de Bienestar de Posguerra.

Pero como advirtió el historiador inglés Perry Anderson, a pesar de su eficiencia, el paradigma bienestarista no gozaba de un consenso absoluto (Ver “Neoliberalismo: un balance provisorio”, 1999). Por el contrario, desde un comienzo debió enfrentar duras críticas. Entre ellas destacaban las de teóricos como Friedrich von Hayek, quien denunciaba que el presunto “igualitarismo” que intentaba garantizar el Estado de Bienestar estaba “arrasando con las libertades individuales” y afectando la competencia en el mercado. Recomendaba, en su lugar, una intervención limitada del Estado en gastos sociales y en el funcionamiento del mercado.

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Pero sería recién a mediados de los ’70 que dichas afirmaciones comenzaron a ser tenidas en cuenta. Más precisamente, en 1973, cuando estalló la crisis del modelo fordista, expresada en el estancamiento de las economías y la aparición de procesos inflacionarios. Fue entonces cuando el programa neoliberal vio la oportunidad de ser aplicado. En Europa, el mismo tuvo su más fiel expresión en la Inglaterra de Margaret Thatcher, hacia 1979, mientras que en los Estados Unidos ocurría lo propio con la llegada al poder de Ronald Reagan, un año más tarde. Como explicó Anderson, para la década del ’80, la hegemonía del modelo neoliberal se había consolidado a tal punto que incluso los gobiernos europeos de partidos socialistas –como, por ejemplo, el de Francois Miterrand en Francia- se vieron obligados a practicar un giro ortodoxo en su política económica.

En Argentina, existe amplia coincidencia entre los historiadores acerca de que fue durante la dictadura militar 1976-1983 que se crearon las condiciones para la instauración del modelo neoliberal como organizador de la economía y la sociedad. Con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se produjo algo más que el abrupto final de orden democrático: el gobierno militar avanzó en una verdadera redefinición del esquema de producción y acumulación de la economía argentina. En palabras del ensayista Eduardo Basualdo, la dictadura “interrumpió la industrialización sustitutiva de importaciones e impuso un nuevo comportamiento económico y social que estaba basado en la valorización financiera” (Ver Sistema político y modelo de acumulación en Argentina, 2001). Este desplazamiento comenzó formalmente con la Reforma Financiera de 1977, en el marco del plan impulsado por el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, que permitió la apertura del mercado de capitales y el aumento exponencial del endeudamiento externo. A partir de allí, los actores beneficiarios del nuevo escenario eran no sólo los capitales financieros, como los bancos, sino también los capitales oligopólicos que percibían una cuantiosa renta financiera, como los sectores agroindustriales y, ya en los ’90, los servicios públicos privatizados.

Del mismo modo, muchos analistas concuerdan en que, ya en tiempos de democracia, las presidencias de Carlos Saúl Menem (1989-1995 y 1995-1999) representaron una continuidad de la etapa abierta por el gobierno de facto. En ese sentido, la década del ‘90 avanzó sobre una plataforma estrictamente neoliberal, a partir del crecimiento del endeudamiento externo, la privatización de empresas públicas y reformas impositivas regresivas, como la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque, como observó Basualdo, existió una diferencia fundamental entre ambos períodos: mientras en los años de dictadura las transformaciones anunciadas se concretaron a partir del “aniquilamiento de de buena parte de los cuadros políticos que hacían posible la organización y la movilización de los sectores populares, abortando la lucha social por medio del asesinato y el terror”, en los gobiernos constitucionales que se sucedieron entre 1983 y 2001 -y, particularmente, en los años menemistas- a pesar de que el mecanismo de la represión estaba agotado, el esquema de valorización financiera no se modificó sustancialmente.

Entonces, ¿es posible el “retorno a los ‘90“?

En un artículo publicado en el periódico mensual Le Monde Diplomatique, el antropólogo Alejandro Grimson analiza la importancia de la dimensión cultural en los proyectos políticos (Ver “¿Batalla cultural?”, Por A. Grimson, diciembre, 2015). Así es que sostiene que “la cultura es a la vez una condición, un medio y un fin del desarrollo” de los países y recuerda que cada vez es mayor el porcentaje del PBI de los países vinculado a “actividades culturales”. En esta línea, cree Grimson que “las creencias sociales acerca del Estado, de la educación pública, de la inclusión y la desigualdad establecen límites para las políticas públicas”.

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La última afirmación conduce irremediablemente a un momento particular de la historia: hacia finales de 1989, el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, leía públicamente el  “decálogo menemista”, cuyo primer mandamiento afirmaba que  “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Explicaba así los lineamientos fundamentales de la Ley de Reforma del Estado, que declaraba en “estado de emergencia” la prestación de servicios públicos y preparaba el terreno para su traspaso a capitales privados.  

Es legítimo preguntarse si a más de 25 años de aquel pronunciamiento hoy sería posible que un gobierno argentino, cualquiera fuera su signo político, pudiera presentar ante la opinión pública como un logro de gestión el achicamiento del Estado. Una primera respuesta la dio el propio Mauricio Macri, cuando todavía candidato a la primera magistratura irrumpió en el escenario del bunker del Pro la noche de la victoria pírrica de su delfín en la Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, para asegurar que si era elegido mantendría bajo la órbita del Estado a la petrolera YPF y Aerolíneas Argentinas, cuya “renacionalización” una década después de su entrega a capitales españoles por parte del menemismo ha sido una de las principales banderas agitadas por el kirchnerismo. Así, lo que para el kirchnerismo fue un gesto de debilidad de su adversario, o un intento desesperado por ocultar su verdadera cara, para Grimson fue un síntoma inequívoco de un cambio de época. O, según sus propias palabras: “Es evidente que el nuevo presidente comprendió que no ganaría la elección manifestándose contra la estatización de YPF y Aerolíneas o prometiendo anular la Asignación Universal. Cambió su discurso; debió ceder ante las convicciones sociales a favor de un Estado activo”.

De modo que todo proyecto de reformas que tiendan a consagrar el libre mercado como el principal regulador de la sociedad chocará inevitablemente con la barrera de los sentidos del mundo social nacidos al calor de las movilizaciones de diciembre de 2001, que no destacan precisamente por una consideración positiva del programa neoliberal.

Por otra parte, es cierto también que existen condiciones objetivas tanto a nivel regional como internacional que advierten sobre un giro a la derecha de la política mundial. En América Latina, comenzó en 2012 con la discutible destitución del presidente Fernando Lugo en Paraguay y la elección, algunos meses más tarde, del conservador Horacio Cartes. Ese mismo año, en Venezuela la oposición de derecha logró organizarse en la Mesa Unidad Democrática (MUD) y desafiar seriamente por primera vez en más de una década al chavismo y desde entonces no ha dejado de conquistar posiciones. En Brasil, acaba de aceptarse un pedido de impeachment (juicio político) a Dilma Roussef, de cuestionable legitimidad, pero respaldado en buena medida por un sector de la población que rechaza las recientes medidas de ajuste a la educación pública. Y como si todo ello no bastara, en Francia, los últimos atentados en París incrementaron la popularidad de la principal figura de la extrema derecha, Marine Le Pen, posiblemente a partir de un brote de racismo revanchista que exige una respuesta dura a las muertes ocasionadas por los ataques de la organización terrorista Estado Islámico.

El triunfo de Macri en Argentina bien puede ser incluido en esta serie. Durante la campaña, anunció que procurará liberar el mercado cambiario -a la espera de que una lluvia de dólares provenientes del exterior inunde las arcas del Banco Central- y anticipó como “inevitable” la llegada de un ciclo devaluatorio. Asimismo, los primeros nombramientos de su gabinete, en los días inmediatamente posteriores a su victoria electoral, confirmaron el regreso al gobierno de algunos ex funcionarios de los años neoliberales. A la vez, a modo de guiño a los sectores gremiales con mayor poder de movilización, prometió una revisión del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que afecta a un porcentaje importante de asalariados. De esta manera, los vaivenes discursivos del macrismo anticipan que la puja de intereses entre los sectores con presencia territorial en el campo político actual no necesariamente se resolverá en favor de una salida liberal de línea dura, al menos en el corto plazo.

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