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Con la yuta frente a nosotros

Por Federico Capobianco

El anglicano historiador Michel Le Vassor escribió, allá en el siglo XVII, que la rectitud del espíritu consiste en no creer a la ligera y en saber dudar varias veces de lo mismo. Se refería, por supuesto, a las inquietudes intelectuales y la búsqueda de comprensión por parte de los pensadores de la época; aunque el proceso no es tan difícil para el ser común de hoy en día: si cualquier ciudadano, sin inquietud investigativa sino con la simple intención de informarse sobre qué pasó en las últimas jornadas legislativas de diciembre del 2017 en las inmediaciones del Congreso, se quedara con la primera información recibida, concluirá que un gobierno compuesto por “el mejor equipo de los últimos 50 años” estuvo al borde de sufrir un golpe por una decena de violentos antidemocráticos.

Otro historiador como Marc Bloch resaltará la importancia del contexto, pero el tiempo histórico no es tan urgente y los acontecimientos no reparan en él: no se detienen a mirar allí porque no pueden, todo es tan volátil que hay que contarlo y verlo como salga. Menos contexto hay aún en las redes sociales donde, como todo terreno social, se admiten injerencias del Estado a gusto. Y muchísimo menos contexto hay en el blindaje mediático, donde también hay injerencias estatales, a veces solapadas y a veces no. La suma logró que, apenas iniciados los conflictos sucedidos mientras en Diputados se esperaba el tratamiento de la Reforma Previsional, la balanza del debate se tuerza un poco. Tanto en esos lugares como en las millennials polémicas en el bar que significan los grupos de whatsapp, empezaba a destacarse la violencia por parte de algunos manifestantes que ocupaban la Plaza.

Las comprensiones no abarcaban ni siquiera centímetros más allá, la presencia de las fuerzas del orden armadas hasta los dientes perdía toda significancia: se desentendían las consecuencias que genera su simple figura ante los manifestantes, más aún de que esas fuerzas y ese orden son estatales por lo que quién esté de turno decide qué tipo de orden prefiere y como lo implementa; se enfocaban en las piedras y los disturbios de los manifestantes de las agrupaciones populares pero no en que lo popular no equivale a un cuestión de reconocimiento del pueblo sino a la indiferencia del Estado, a la exclusión de sus fronteras legales y a una impotencia que, antes los reclamos desoídos, ya no deja nada para perder; mucho menos a comprender el ideario que mueve a varios militantes de izquierda -que incluye visión de la policía como un perro burgués-, para transformarlos en el blanco más fácil de perseguir porque su menor legitimidad los expone y los entrega a las garras de la criminalización estatal. De un lado las expresiones eran esperables, pero del otro, de este, no: las críticas hacia ambos lados no pueden darse cuando una manifestación masiva es reprimida, al menos no antes, después se ve. Al inicio debe enfocarse siempre para uno de los lados porque las intenciones nunca son iguales. Plantear, en una misma vez, un repudio a la recíproca violencia es una canallada.

Principalmente porque no hay reciprocidad. Fue y vino, sí, pero no en la misma medida, nunca puede ser en la misma medida. ¿Cuántos de los que marcharon pacíficamente condenaron también a quienes se enfrentaron con la policía? ¿Cuántos periodistas expresaron repudio, al mismo tiempo que hacia las fuerzas de seguridad, hacia ese grupo “minúsculo de violentos”? ¿Cuántos consideraron que había que meterlos presos incluso en el mismo momento que se reprimía a toda la población presente? Hay que marcar un límite. Es sabido que quien pretende abarcar mucho apretará poco y sin fuerza, por eso la idea de nivelar condenas hacia ambos lados se esfuma si no se aclara.

La teoría de los dos demonios que intentó explicar la violencia durante la Dictadura de 1976 no hizo mella porque es falaz. Nunca existieron dos demonios, siempre hubo uno solo que escaló en niveles de violencia y utilizó las acciones guerrilleras para ir con más salvajismo y horror sobre ellos y muchos miles más. Podría extrapolarse la explicación, saltando la enorme distancia y diferenciando por completo los contextos, a la represión del 18 de diciembre: aunque el Jefe de Gabinete y el Presidente salgan en los medios marcando a los violentos de un solo lado, tampoco hubo dos bandos violentos. Hubo uno solo y por decisión exclusiva del Estado. En los desarrollos se aclara el uso de la explicación –insisto, salvando las enormes distancias-: los que tiraron piedras, morteros y se enfrentaron a la policía no tenían intenciones de arremeter contra ellos, eliminarlos, tomar el Congreso e ir en busca de los Diputados oficialistas para colgarlos en la Plaza. Por el contrario, las Fuerzas de Seguridad sí representaron una escalada en la violencia: nunca fueron contra los manifestantes violentos para detenerlos y apagar el foco de conflicto, fueron contra todos, gaseando, baleando, golpeando y deteniendo a cualquiera.

Por eso, si no hay criterio escalonado a la hora de analizar lo sucedido, se pierde por completo el eje que fue motor de la manifestación. Cada quién hará su juicio de valor sobre si Sebastián Romero y su lanza mortero del Cuaternario debieran estar en un calabozo por “sedición e intimidación pública”, lo que nadie puede permitir ni aceptar es su criminalización –la de él ni la de cualquier militante que viene siendo y fue escrachado en los diarios más importantes del país con conjeturas nefastas. Nadie puede permitir que ni el mismísimo Macri ni ningún medio de comunicación enfoquen a Romero como un guerrillero del nuevo milenio dispuesto a dar un golpe de Estado. Romero está muchos escalones debajo de las tres personas que perdieron un ojo, de los cientos de golpeados por PFA y Gendarmería y de los miles que tragaron gas pimienta. No hay que ser contemplativos: el único denominador común es la violencia institucional y primero hay que ir contra eso.

Quizás un ejemplo sustente la idea: cuando se criticó el paro del campo en 2008 o marchas como el 8N, se usó el volátil fundamento de “están marchando contra el pueblo” –ese gran concepto líquido- como si quienes marcharan no formarán también parte de ese mismo pueblo. El 18 de diciembre de 2017 tuvo otra característica que si no edificamos sobra ella se atomizará por la polución macrista y todo el smog será de pimienta: el canto generalizado de “unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode” es algo nuevo y esperanzador. ¿Pero no es Sebastián Romero, por ejemplo, también un trabajador? ¿No debería ese cántico incluir per se la postura solidaria con todos los trabajadores criminalizados? Si no, ese atisbo de consciencia gritado al unísono se transformaría en pose y así, en cualquier lodo que inventen, se nos clavarían los pies.

“La política y el poder mueven las masas como a giles, ellos mandan a la yuta y la yuta mata a pibes”, canta desde Fuerte Apache el rapero El As; lo que pasó el pasado 18 de diciembre debería ponerse en la disyuntiva y ser definido para el año que está por comenzar: ¿fue solo un atisbo de luminosidad que no significará más que un simple mal momento o será un llamado de atención esperanzador que el corto plazo transformará en bisagra? ¿Ambos versos de El As seguirán vigentes o podremos anular, al menos, el primero aunque siga estando la yuta ahí, frente a nosotros, siempre frente a nosotros?

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