Por Federico Capobianco

I
Hace casi 100 años que los gobiernos –el radicalismo con Yrigoyen- empezaron a utilizar a la administración pública como forma de construcción de poder externo. Si bien la coyuntura desfavorable que generaba la primera Guerra Mundial había encarecido el costo de vida para los trabajadores urbanos y el Presidente Yrigoyen había decidido políticas de intervención estatal con intenciones de justicia social para resolver el problema, lo cierto era que la UCR no tenía el poderío económico ni los anclajes militares que tenían los anteriores gobiernos oligárquicos y la oferta de trabajo público era lo único que garantizaba la posibilidad de una adhesión –militante o no- al gobierno. A tal punto que la expansión del empleo dependiente del Estado fue tal que debieron realizarse modificaciones fiscales –aduaneras- para poder costear el gasto que generaba la nueva planta de empleados. Por otro lado, hace –más o menos- la misma cantidad de años, que las protestas y reclamos de trabajadores por condiciones laborables empezaron a reprimirse con la fuerza policial.

II
Los hechos de conocimiento público sobre los despidos de miles de empleados estatales generaron un debate estúpido sobre si se echaron “ñoquis” o trabajadores. La realidad de los 2.000 empleados despedidos en el Senado; los 600 en el Centro Cultural Kirchner, los 150 en Jefatura de Gabinete, entre otros cientos más de la administración nacional. Como los 4.600 en La Plata, los 900 en Quilmes; 1.000 en Lanús; 1.000 en Morón, 300 en Hurlingham, 16 en Chivilcoy, entre otros tantos, como la de la mayoría de trabajadores públicos del Estado es otra, totalmente ajena a ese debate.

Los distintos gobiernos de Cambiemos confunden –o funden- el elemento cuantitativo –la cantidad de despedidos- con el cualitativo -el que diferencia al trabajador del ñoqui-. Nadie puede negar que en distintas dependencias del Estado existen aquellos que aparecen sólo los días 29 para cobrar el sueldo pero tampoco nadie puede negar que es una excusa falaz lo de que todos los despedidos son ñoquis. Diferenciándose de los demás funcionarios del gobierno, la Canciller Susana Malcorra declaró en Radio Del Plata que están trabajando en la revisión de 700 contratos para evitar que la situación se transforme en una “caza de brujas” por lo que el objetivo es auditar quién trabaja, si trabaja o no, si su área es prioritaria según las “expectativas fijadas por Macri” y si el trabajador tiene el perfil y las capacidades requeridas para tal puesto. ¿No deberían todos hacer la misma auditoría para evitar que la situación realmente se convierta en una caza de brujas? ¿No les serviría acaso para legitimar las maniobras empleadas?

La Argentina se encuentra ubicada entre los países desarrollados con respecto al porcentaje de empleo público. Está cerca de 20 estatales por cada 100 trabajadores ocupados. EE.UU. apenas unos puntos por debajo. Y Brasil, el gran sudamericano, apenas por debajo del 10% (con una población 4 veces superior a la argentina). Por encima de nuestro país se encuentran los países nórdicos: Noruega tiene más del 30% de empleo público.

De las comparaciones pueden sacarse miles de conclusiones: ¿es desfavorable el aumento de empleo público para la economía de un país? El caso de Noruega diría que no. Pero las comparaciones externas no tienen sentido alguno porque las realidades socioeconómicas son distintas. Por eso conviene evaluar la evolución –o involución- del empleo público de nuestro país: Según un informe de Alejandro Bercovich para su programa en C5N, tomando un período de 20 años que va desde 1992 a 2012: el empleo público tuvo su expansión mayor en el principio de tal período y su disminución más importante para los años finales de la década del 90 cuando las políticas privatizadoras del menemismo generaron un desguace en el Estado. Durante los gobiernos kirchneristas se dio una fuerte recuperación del empleo estatal pero sin llegar a los niveles anteriores, apenas unos puntos por debajo de 1992. Los empleados públicos en la actualidad están conformados de la siguiente manera: 50% en Educación; 13% en Seguridad; 9% en Salud; y 28% Resto (Administración, etc). ¿Es realmente un problema la expansión de la planta estatal dada en los últimos años? No, el problema, esa realidad ajena, es la precarización.

III
La recuperación durante los gobiernos del Frente Para la Victoria se dio únicamente en la creación de empleo. Nunca, durante estos años, se pudo recuperar el poder adquisitivo que un empleado público tuvo a principios de la década de los 90. Y la comparación es válida cuando se comparan los crecimientos y las diferencias entre el crecimiento salarial entre funcionarios y empleados; y cuando se comparan los crecimientos entre los empleados públicos y los privados. Según Pablo Godoy de ATE (Asociación Trabajadores del Estado): «Hay 400.000 trabajadores del Estado que cobran menos de $6.000 y los precarios en el país son más de 600.000».

La relación entre números y diferencias salariales entre funcionario y empleado se van empeorando a medida que bajamos en la escala jurisdiccional –Nación, Provincia, Municipio-. A nivel nacional, es decir dependiente de la administración nacional, en un promedio, los salarios de los empleados estatales están en los $10.000. Pero como la mayoría de esa administración se encuentra en la Capital Federal, el salario comparado con los costos de vida, nunca podría resultar un “buen salario” para un jefe/a de familia. Las otras realidades son aún peores. Como ejemplo explicativo de todo lo demás, se encuentra la “imposibilidad” del Congreso Provincial de Buenos Aires para legislar, en estos últimos años, un salario que se nivele con el “Mínimo, Vital y Móvil” nacional -$6.060-. La imposibilidad se dio siempre por la presión –y la facilidad de presión- de Intendentes municipales alegando que si tendrían que llevar todos los salarios por encima del mínimo establecido por ley, los costos públicos aumentarían tanto que llevaría, inevitablemente, al despido de gran parte de los empleados. Hoy, por ejemplo, en algunos municipios bonaerenses, un empleado de la última categoría de contratado –o sea que no es planta permanente- cobra menos de $4.000. Y por si fuera poco, la Ley n° 14.656, aprobada en el 2014, que otorgaba el derecho a paritarias en los municipios bonaerenses, fue suspendida en su reglamentación por un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado hace pocos días por la gobernadora María Eugenia Vidal, el cual no sólo “posterga” por 180 días su aplicación sino también pone en vigencia una vieja ley duhaldista –n° 11.757- que permite a los intendentes decidir unilateralmente el salario de los trabajadores.

Otra característica es la forma de contratación. Se supone que por la Ley 25.164, un empleado estatal tiene derecho a “Estabilidad laboral”. Por eso, al estar una gran parte de los empleados en condición de “contratados”, es decir, en planta transitoria, cuyo contrato se renuevan “automáticamente” todos los 31 de diciembre, la posibilidad de ser removido es mayormente probable que uno en planta permanente. El Artículo 42 de la misma ley permite la “Conclusión o rescisión del contrato en el caso del personal bajo el régimen de contrataciones”. Los masivos pases a planta permanente de los últimos meses del gobierno de Cristina Kirchner no eran ampliación de derechos laborales sino el “resguardo” –atrasado- de la estabilidad laboral como también el manotazo de ahogado de emendar un error propio.

Otro problema del empleo estatal está en la dirección. Entre un empleado raso y su jefe superior, hay demasiados coordinadores, subjefes y jefes de departamento que convierte en irregular la situación porque la diferencia entre sueldos es desproporcionada. El mayor problema del empleo estatal no es la cantidad de empleados, es la cantidad de jefes. El gasto público está ahí.

Entonces si sumamos la expansión del empleo público durante los años de gobierno kirchnerista más la situación de precarización de los trabajadores, llegamos a la conclusión de que la intervención del estado en este aspecto no tuvo intención de justicia social, sino –al igual que hace 100 años- la de crear una base de poder exterior. Más se sustenta la conclusión con la observación de que varias dependencias públicas parecen estar tomadas por agrupaciones –una sola en mayor parte- militantes kirchneristas. La misma Ley establece la posibilidad de realización de carrera, pero los ascensos o recategorizaciones no están establecidas por capacidad del empleado sino por decisión arbitraria de Sindicatos o agrupaciones políticas.

IV
“La agrupación ‘justificamos todo’ cambió de color pero sigue con la misma intensidad”, es el mejor y más simple análisis sobre el electorado político que se leyó en las redes sociales en este primer mes de gobierno macrista.
Las redes sociales -sin caer en análisis profundos o postergando los mismos- se convirtieron en la arena de batalla cobarde entre colores. De un lado los que justifican la represión policial porque “hay que limpiar toda la lacra de ñoquis” y “esos parásitos se tienen que terminar”, como si realmente manejaran datos fehacientes sobre la condición de los despedidos. Del Pro no podía esperarse otra cosa frente a lo estatal ya que lo de adherir al principio de subsidiariedad, ese que le permite al ámbito privado extenderse todo lo posible y al Estado intervenir sólo donde sea necesario, fue declarado varias veces en campaña electoral.

Del otro, los que critican absolutamente todo lo PRO, como también la represión –la represión es repudiable siempre- alegando que durante el gobierno que defendieron nunca se dio, olvidando que supieron tener un Secretario de Seguridad que se paseaba colgado en helicóptero, como en los mejores capítulos de Brigada A, frente a las represiones que supieron darse en la Panamericana. Sí, es cierto, durante los primeros años del kirchnerismo fue decisión política no reprimir ninguna manifestación. En el 2008, por ejemplo, los cortes de ruta y manifestaciones del campo no se reprimieron, sí hubo desalojos de ruta como en ese bizarro episodio que mostraba a Alfredo De Angelis siendo arrastrado por efectivos de la Gendarmería Nacional, pero reprimidos no. Como también alegan que los gobiernos kirchneristas defendían el empleo público desconociendo la situación de precarización.

V
De la policía, como de todas las fuerzas de seguridad del Estado, no puede esperarse otra cosa. Los mismos son entrenados cuales perros criados a palazos que luego esperan encadenados en una jaula mientras babean y ladran desaforados esperando a que los suelten para atacar al primero que pase. La policía, si se lo ordenan, reprime y pega. Si no se lo ordenan, también, sólo que a escondidas. Y en el 2008, a las manifestaciones del campo no se las reprimió no sólo por decisión política, sino porque los palos y las balas de las fuerzas de seguridad siempre apuntan al lomo de los laburantes que no tienen nada más para defender que su fuerza de trabajo.

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