Por Lionel Pasteloff

Tuvieron que ser dos. Como si la habitual megamanifestación de todos los 24 de marzo no fuera suficiente, hubo otra. El equipo que lidera Macri, y que sin sutilezas llegó a caballo de la premisa «cortar con el curro de los derechos humanos», no leyó las movilizaciones del «Día de la Memoria» (ya presenció dos, en 2016 y 2017) como algo vinculante. Se autoconvencieron (vaya uno a saber si lo creen) que eran resabios kirchneristas. Parte de la maquinaria repartidora de choripanes, micros y minucias que llevan a la gente a expresarse en la calle. Entonces, al no sentirse directamente interpelados, no se detuvieron.

A las ya conocidas opiniones previo a la asunción del actual mandatario, desde el inicio de la gestión aparecieron los primeros soldados. Lopérfido y Gomez Centurión fueron al frente y generaron «debate», que no es otra cosa que medios repetidores de la voz oficial disfrazando aquello de «polémica». Ambos tuvieron un contundente repudio, que no les hizo escarmentar sino más bien moderar la exposición pública de sus pensamientos. En el caso del ex funcionario de la Alianza, la provocación absurda le valió un pseudo exilio en Alemania.

Pero una vez que ambos oficiaron de teloneros, por ese hueco comenzaron a filtrarse más de esas voces que proponen «memoria completa» y luego hablan de reconciliarse olvidando el pasado. Graciela Fernández Meijide, alguna vez legitimada quien sabe porqué como vocera del tema «desaparecidos», aportó sus reiteradas opiniones cuestionando a Montoneros. «Piter» Robledo, subsecretario Nacional de Juventud, invitó a una agrupación neonazi a la Casa Rosada, para luego fingir desconocimiento acerca de la procedencia de los homenajeados. Se le dio entidad y visibilidad a las «víctimas del terrorismo», a la vez que buscaba cuestionarse el número de desaparecidos. Fueron pequeños golpecitos intentando derrumbar una gran pared. La idea era debilitarla sin que cayera de golpe e hiciera mucho ruido.

Pero este año volvieron a ignorar el 24 de marzo. Lo creyeron masivo por una cuestión festiva ligada a un feriado. Poco después de esa fecha, apareció un dictamen habilitando a un represor (Muiña) a optar por el 2 x 1 en su condena. Pese a los intentos desesperados de los beneficiarios de la pauta oficial, el fallo fue una calamidad. El «2 x 1» tuvo validez entre 1994 y 2001. Mucho después de los sucesos condenados y mucho antes de este intento. Al permitir esto, la Corte Suprema avalaba indirectamente, que muchos otros hombres de su condición (presos por delitos de lesa humanidad) optaran por un beneficio semejante. Esto fue posible gracias a los votos de Carlos Rosenkratz, Horacio Rosetti y Elena Highton de Nolasco. Los dos primeros, célebres por haber sido instalados en el máximo tribunal a partir de un decreto presidencial. Como el mismo no tuvo el eco esperado, debieron recurrir al senado. Allí con la ayuda de varios sectores que se dicen opositores, Cambiemos logró su cometido: ya tenía dos magistrados totalmente propios.

Ante un reducido espacio de cinco integrantes, bastaba convencer a alguien más. Elena Highton de Nolasco, quien viene dirimiendo una interna con el gobierno a partir de querer mantenerse en su cargo más allá de los 75 años (algo que quienes hoy ocupan la Rosada celebraban a los 97 años de Fayt pero ponen en duda por estos tiempos), era la indicada. Acordar con ella para conservar su puesto se transformó en algo lógico y sensato. No tuvo reparos la mujer alguna vez recomendada por Néstor Kirchner en desdecir lo que había señalado en 2009 ante el pedido de un médico de la ESMA. Allí votó de forma opuesta, posiblemente porque su puesto no estaba en peligro.

Luego del boom mediático que semejante decisión suscitó, se puso fecha para una marcha y se viralizó todo lo referente al fallo. A favor, en contra. Mentiras y verdades. Pero el repudio crecía, incluso entre el público afín, quien suele defender la voz oficial sin miramientos para evadir la «amenaza» kirchnerista. Esta vez, hasta los propios dudaban.

Avruj, secretario de derechos humanos, había sido de los primeros en opinar que «había que respetar el fallo inicial». Luego se retractó tanto que estuvo cerca de proponer el juicio político a los jueces. Marcos Peña, Jefe de Gabinete, fue aún más enfático, pero no alcanzó. El oficialismo se avivó (o lo avivaron) que tenía que frenar el descontento popular (y por ende, la marcha) con una ola de repudios. No fue suficiente con funcionarios de primera y segunda línea, ninguno logró desactivar la bomba. Diputados y luego senadores (muchos de los que votaron a los hoy jueces de la Corte) se apuraron a detener el 2 x 1 en tiempo récord, dándole a las voces gubernamentales una excusa para desacreditar la movilización («no hace falta, si ya se cortó la medida»). Finalmente el propio Macri se mostró enérgicamente contrariado contra la resolución y la repudió, carta que jamás había jugado ante algún desatino en materia de derechos humanos. Los miles que desbordaron la plaza dieron cuenta de la escasa credibilidad que tuvieron estas desmentidas. El daño ya estaba hecho.

Ahora quedan solo esquirlas de lo que pudo ser una batalla más brutal y que hubiera tenido un claro perdedor. El macrismo se despertó tarde y mal dormido, incapaz de leer la magnitud que podía generar y subestimando la capacidad de reacción de sus gobernados. Pensaron que desligándose del detonante, podían no absorber el impacto. Que la culpa iba a ir para los jueces, que rara vez sufren estos golpes. O consideraron tal vez que en plena fase REM, los argentinos creerían esa independencia de poderes declamada y cada vez más motivo de risa. Dormir en dos plazas puede resultar cómodo, pero no permite un descanso muy largo.

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