Por Federico Capobianco y Luciano Sáliche

“Hay una crisis habitacional en Chivilcoy, pero vale la pena decir que es una problemática que atañe también a la Argentina y a nivel continental”. El que habla es Ezequiel Caselles, arquitecto, militante social, candidato a concejal por Vamos. Se refiere al caso de las 22 familias que fueron desalojadas por el Municipio el lunes 4 de septiembre del terreno que habían ocupado dos días antes. El horno de ladrillos donde trabajaban y viven no está funcionando, y tampoco puede seguir alojándolos, con lo cual decidieron tomar un predio del que, según indicaron, alguien les había dicho que era fiscal. Hoy viven nuevamente en el horno y tienen los días contados. ¿Qué solución recibieron? El desalojo fue una respuesta –sin diálogo previo, como si la Secretaría de Desarrollo Social estuviera pintada, la policía entró con topadoras y destruyó las precarias casillas que habían construido–, la otra fue algo imposible: la Municipalidad les ofreció cubrir el 80% de los tres primeros meses del alquiler que consigan. Pero, ¿qué lugar podría conseguir para alquilar una familia que su única fuente de trabajo es informal y que –como le pasa a muchos– está indocumentada? Pese al manto xenófobo que suele tapar la vista de muchos ermitaños, estas familias ya son vecinos chivilcoyanos: hace 14 años que viven en la ciudad.

Caselles estuvo en el lugar minutos después del desalojo. Es un tema que lo atraviesa. Ya cuando estudiaba en la Universidad de La Plata la carrera de Arquitectura entendió que, pese al arte de la disciplina, había una vertiente social innegable: el derecho a una vivienda. Ni bien se recibió en la capital bonaerense, volvió a Chivilcoy a trabajar. Su militancia en lo que él denomina la izquierda independiente fue en aumento. Hoy está en Vamos, un espacio que adscribe a las corrientes socialistas, pero que sabe que dentro del peronismo hay un sector con el que coinciden. Prefieren estar ajenos a las decisiones del liderazgo cristinista, sin embargo no se oponen: en estas elecciones han optado por no presentar candidato a Senador, puesto que ese lugar lo completaría Cristina Fernández de Kirchner. Caselles no lo oculta: para él, Mauricio Macri representa un laissez faire, laissez passer del mercado. Hoy en día, el problema de la vivienda es justamente ese, la falta de políticas públicas que contribuyan a que la vivienda sea un derecho básico al igual que la educación y la salud. Sin esta decisión del Estado, el mercado inmobiliario se lo come.

¿Cómo te enteraste del desalojo?

Me enteré el mismo día del desalojo en sí, cuando llegaron los patrulleros y las topadoras. Me enteré a la tarde y junto a Carolina Zunino y Claudia Marengo fuimos al lugar, en principio, y de alguna manera, a contener o a lo que puede hacer uno como militante social o como persona sensible a esas situaciones, que es acercarse, contener y de a poco ir aconsejando caminos y herramientas que la gente, en última instancia, decide cuál toma. Siempre, en una situación de desalojo, hay mucha angustia en las familias, acá todos son trabajadores a los que se les termina una situación laboral en el horno de ladrillos y a través de la noticia o comentario que les hicieron de que había un terreno fiscal, intentaron hacer el acampe y su proyecto de vivienda.

¿Y cómo viste la reacción del Municipio?

De parte del Estado hubo mucha violencia. Como cuentan las familias, no le dieron ni tiempo de sacar las pertenencias de las casillas que habían armado, como que les pasaron con las topadoras por arriba. La presencia del Estado fue más en este sentido: de tomarlos como delincuentes, que habían cometido un delito, y no como personas que son sujetos de derecho, aún más teniendo en cuenta que había niños.

¿Se puede decir que hay una crisis habitacional en Chivilcoy?

Sí, hay una crisis habitacional en Chivilcoy, pero vale la pena decir que es una problemática que atañe también a la Argentina y a nivel continental. La problemática de la vivienda es compleja: uno cuando se asienta construye su vida a partir de tener ese refugio. Por lo tanto uno puede tomar estos temas como un desalojo o usurpación, desde el punto de vista del derecho, o desde un punto de vista punitivo, desde la criminalización. Un mismo hecho puede tener esas dos ópticas. Mi mirada al respecto es la de siempre comprender que la vivienda es un derecho humano, porque desde la primera mujer, el primer hombre, la primera familia constituida, necesitó de un refugio para protegerse de la naturaleza, de los animales, de otras tribus. Es una necesidad ontológica del ser humano poder tener una vivienda. Y muchas veces cuando se opina de afuera, con el dedo acusador, no se puede ver el problema real ni a las personas reales que lo están padeciendo. En distintas instancias que me he acercado a situaciones como estas, sucede que en estas casas que toman o en esos terrenos donde se intentan asentar como última posibilidad en una situación en la que saben que corren riesgos y empiezan a armar sus casas, se ve que plantan un árbol, o que cuelgan un cuadro de sus hijos en las paredes, o que ponen un placard y ahí su ropa, o unas hamacas en el patio. Por eso no hay que pensar la vivienda como cuatro paredes y algo físico sino como una relación social de desarrollarse y establecerse como ser humano. Por eso es importante entender la problemática de la vivienda a partir de que es un derecho. Y cuando se va a la raíz del asunto aparece el Estado como administrador de los intereses de la comunidad, de los ciudadanos y como aquella institución obligada a poder ampliar derechos. Es en las políticas públicas de acceso a la vivienda donde se debe poner el acento.

¿Por qué el sueño de la casa propia hoy es una utopía?

Hoy por hoy acceder a la vivienda significa poder acceder a la tierra. El valor de la tierra se incrementó muchísimo y escasea, no hay loteos y al ver menor cantidad se vuelve más cara y esa poca tierra es manejada por el mercado inmobiliario. Por lo tanto, al laburante, sea de sector humilde o clase media, incluso profesionales, le queda lejos la posibilidad de acceso a la tierra. Algo que no sucedía antes: en las generaciones pasadas, de nuestros viejos y abuelos, el acceso era relativamente más fácil y el valor del terreno significaba entre un 10 y un 20 por ciento de la inversión total en la vivienda. Hoy por hoy es casi un 50 por ciento, el terreno cuesta lo mismo que construir la totalidad de la casa. Es de ese problema de acceso a la tierra donde el Estado se ha corrido y dejado al mercado inmobiliario la cancha libre para hacer y deshacer a su antojo. Por otro lado, hay que pensar qué políticas se planifican para facilitar el acceso. Hay una Ley provincial muy interesante que se llama Ley de acceso justo al hábitat, Ley 14.449, que se sanciona gracias al esfuerzo, la colaboración y la lucha de organizaciones sociales, ONGs, profesionales y cooperativas de trabajo y vivienda que en conjunto arman y pelean la ley para su sanción. Esta ley está vigente y le da a los municipios la posibilidad de gestionar políticas en torno al tema. Ya que el loteo de quintas o campos cercanos al casco urbano era algo que, antes de la ley, trasvasaba al municipio y era de jurisdicción provincial y había que hacer unos trámites complicados para poder rediseñar el crecimiento de la ciudad, o cómo se generaban los loteos residenciales, porque uno tiene zonas, por ejemplo, donde hay mayor trabajo agropecuario, otras zonas mayormente residencial, y eso conlleva una planificación. El Estado municipal puede, amparado por la ley, lotear, pero antes tiene que salir a comprar, lo que algunos llaman banco de tierras: que el Estado tome una parte de las tasas que cobra, compre tierras y las ponga a disposición de los ciudadanos a partir de financiamiento blando y así facilitar el acceso. Bueno, hoy en día, no se está implementando, el Estado está ausente en este sentido y lo que está sucediendo es que los privados, el mercado inmobiliario, amparándose en la ley, son quienes compran quintas particulares, las lotean y las ponen a la venta. Entonces hay una ampliación en la oferta de terrenos pero a valores inaccesibles.

¿No hubo un intento de facilitar la tierra, aunque ejecutado de mala manera, durante la intendencia de Aníbal Pitelli?

Durante el último periodo del gobierno de Cristina Kirchner se lanzó el Plan Procrear, que fue muy interesante porque le posibilitaba a sectores trabajadores, empleados en blanco, poder tener acceso en cuotas a un terreno y a una vivienda. Lo que pasó acá fue que a los beneficiarios del Plan no les alcanzaba el dinero del crédito para comprar el terreno. Entonces durante el gobierno de Pitelli se salió a comprar quintas y a lotearlas, pero entre medio hubo todo ese manejo turbio de compras a un valor muy por encima del valor que la hectárea tenía en el mercado. Lamentablemente los funcionarios de turno se aprovecharon de la situación, cuando con eso que se perdió en el camino se podría haber comprado muchas más quintas. Por eso, y volviendo a la ley de tierras, tiene otros artículos que atañen a lo tributario, con la posibilidad de ejecutar tasas mayores a terrenos ociosos que están para la especulación inmobiliaria. El particular tiene una mercancía que se va valorizando con el tiempo a valor dólar entonces espera el momento en que el beneficio sea mayor. Pero como ese terreno se podría usar pero no se usa, el Estado puede poner una mayor carga tributaria para que el propietario esté obligado a desprenderse. Eso generaría mayor tierra disponible y a mayor tierra menor valor. Después, con un poco de voluntad e imaginación se pueden hacer un montón de cosas. Se puede, por ejemplo, dejar de lado la construcción individual y comprar un terreno y construir viviendas colectivas. Los arquitectos le llamamos “placas”, que son edificios de poca densidad, máximo 3 o 4 pisos, a la que pueden acceder muchas familias con un costo menor de viviendas porque se comparte el valor del terreno, de la ramificación de las cañerías, etc. Es algo que ya se hizo dentro del país. Y evita, también, la necesidad de la expansión constante hacia afuera porque con la expansión habitacional hay que expandir la red de servicios.

Gran repercusión generó en Chivilcoy el caso de estas 80 personas desalojadas. De alguna forma destapó la olla de la crisis habitacional. Cuando llegamos al horno donde actualmente viven, nos dijeron que tenían una nueva preocupación: “Nos denunciaron penalmente, eso es lo que más nos importa ahora”. El presunto dueño del terreno, Nicolás Centurión, propiedad de Hormigonera Chivilcoy, judicializó la toma. Esto agrava aún más el asunto porque, junto al desalojo sin previo aviso –en los dos días que permanecieron allí, ninguna autoridad de la Municipalidad se acercó–, representa una estigmatización dado que, en palabras de Caselles, en vez de analizar la problemática y ver que es la falta de viviendas lo que determinó la toma, se los trata directamente como delincuentes. Una forma cortoplacista de resolver un tema denso que merece algo más que mano dura y a otra cosa mariposa.

Ezequiel Caselles está a punto de cumplir 40 pero no se nota. Cuando llegamos al local de Vamos, ubicado en la calle Bouchardo a metros de la Avenida Federico Soárez, nos recibió con la calidez de los militantes sensibles. Una mesa grande en el medio, varias sillas alrededor y el diario La Razón de Chivilcoy abierto con una lapicera encima. Puso a calentar agua en la pava eléctrica, preparó un mate violeta de plástico y luego empezó a cebar, mientras hablaba. Su vos era calma y su cadencia, fluida. “Algo muy importante a realizar sería una Secretaría de Planificación y Hábitat, es decir, pensar la ciudad, su crecimiento y el acceso a la vivienda. Hoy sucede la inversa, que es el Estado llegando con la policía y las topadoras. El Estado se ubica, amparado en la fuerza y en la legalidad, en un defensor acérrimo de la propiedad privada, poniendo como culpable al que realmente es la víctima y que está en una situación a la que nadie quiere llegar, que es la de ir a ocupar un terreno para tener una vivienda. El Estado municipal asumió, desde que entró, esa actitud de criminalizar la pobreza”, comentó. Esquivando los partidismos y los debates miserables sobre las fronteras nacionales, su mirada resulta clara porque está puesta en la problemática. Para él, hay soluciones a la crisis habitacional. Sólo falta voluntad.

Hubo un crecimiento de habitantes en la ciudad, pero parece no haber respuestas ya que el año pasado hubo otro desalojo. ¿Por qué se llega a esta situación?

Llegar a la ocupación de terrenos, al desalojo, es como un tapón, como un fusible que salta y nos hace hablar del problema pero el problema está de antes. Los cables viejos, la mala instalación están ahí pero no se ven, y solo lo repensamos cuando pasa algo. Y lo importante es ir hasta el fondo, generar políticas de planificación, de censar, de definir una realidad habitacional concreta de los chivilcoyanos, que no tiene que ver con estas familias solamente sino con miles de familias que de alguna manera encuentran una “solución” cuando un familiar le presta una pieza, o el fondo de un terreno para construir, o un alquiler de una vivienda precaria, o, en última instancia, la ocupación de un terreno que no le es propio. Es una situación compleja, que involucra a un amplio sector que lo sufre, y que se debe encarar con políticas públicas y con canales de participación, porque no creo que sea el Intendente, como representante, el encargado de generar las políticas, sino sí, de permitir transversalidad para generarlas. Somos muchos los profesionales o los ciudadanos con sensibilidad en el tema o vocación que, desde organizaciones sociales o no, podemos brindar nuestro conocimiento, sumando también a la misma gente afectada, que en su mayoría es empleada en la construcción y se podrían organizar planes de autoconstrucción abaratando costos de viviendas. Falta una voluntad de generar canales de participación, de sacar el prejuicio y la cultura política de que cada uno cuida su rancho, para crear, por ejemplo, un Foro o Consejo por la vivienda, que el tema se ponga en agenda para que todos podamos aportar a solucionarlo.

Siempre que se lo consulta al Intendente por este tema, las responsabilidades van hacia el gobierno provincial o nacional por los fondos que no envía. ¿Puede el Estado municipal accionar para empezar a solucionarlo por su cuenta?

Sí, yo creo que sí. No quiero dejar de decir que es también competencia del Estado nacional y provincial poder generar políticas de desarrollo y una política activa en torno a la vivienda. Pero creo que desde el Estado municipal no hay que poner excusas en tanto recurso, porque es cierto que un gobierno tiene una presupuesto con el que se maneja y tiene distintas administraciones o distintos temas donde esos recursos propios se vuelcan, pero me parece que también con voluntad y un poco de imaginación y de ganas se pueden generar proyectos que encaren la problemática de la vivienda desde un sentido más integral: que conjugue la vivienda, el trabajo y la participación de la ciudadanía. Por ejemplo, si el Estado pondría una cooperativa de ladrillos. Nosotros ahora mismo lo estamos charlando con la gente para que conformen una cooperativa de ladrillos o de bloques de cemento, o una cooperativa de herrería, carpintería, de elementos que tengan que ver con una vivienda. Por otro lado se podría, también, gestionar un corralón municipal donde el que va a comprar y necesita comprar elementos para una vivienda no vaya directamente a un comercio, como a un corralón particular, sino que el Estado pueda traer arena de las canteras, pueda traer el cemento y venderlos a otro costo y de paso obtener recurso. El Estado puede tener una visión estratégica. Está bien que le exijamos al gobierno nacional y provincial lo que le corresponde pero no depender tanto o de que algún político venga y nos ponga la mano sagrada sobre nosotros. Pasa que nos hemos metido en esa lógica, en esa cultura política de aquel que trae recursos de afuera y tenemos que salir de ahí y tenemos que ser nosotros, los chivilcoyanos, sujetos de nuestra propia historia, de nuestra propia participación y pensar que desde Chivilcoy se puede hacer mucho más de lo que se hace. Ese es uno de los rasgos que nosotros estamos trabajando desde Vamos.

¿Y en el corto plazo? Porque la solución que se ofreció desde la Secretaría de Desarrollo es cubrir el 80% del alquiler durante tres meses.

Sí, sabemos que esa no es una solución. Una solución sería poder generar, ya que la gente estaba trabajando en un horno de ladrillos, la posibilidad de una cooperativa de trabajo que les garantice poder tener un recurso propio, una fuente laboral, un recurso para hacerse su vivienda, en ese predio o en otro. La salida política no tiene que ver con un parche para bajar un poco los ánimos, sino en trabajar y entender que no es una situación particular y que necesitamos políticas integrales. Nosotros como organización social y política podemos colaborar, estar ahí, acompañándolos y transmitiendo nuestro apoyo y nuestras ideas pero sabiendo que hay un Estado que existe y que tiene recursos, las herramientas y la posibilidad de hacer, y por eso vamos a seguir exigiendo que tome cartas en el asunto y que no solamente lo resuelvan ellos sino que abran canales de diálogo y participación al resto de los actores que estamos interesados en poder solucionar estos temas.

En los dos años que lleva Guillermo Britos como Intendente, ¿ha habido alguna iniciativa en materia habitacional?

No, no hubo nada. Siempre se está esperando y se pone de excusa, aunque sea cierto, que los planes federales quedaron sin terminar. Por la plaza Francia, unas cuadras más atrás de la empresa Carmona, hay un barrio del plan federal sin terminar: cuatro manzanas de viviendas a medio construir, algunas tienen hasta el techo, y están ahí hace dos años. Esa contradicción de que está la tierra, las paredes pero la gente esperando es por una gestión equivocada. Cabe una responsabilidad en el Estado municipal para solucionarlo.

Volviendo al desalojo puntual del otro día, ¿qué pasó con esa tierra, era fiscal?

Yo no vi la escritura ni el dominio de la tierra, pero apareció la familia Centurión diciendo que era propiedad de ellos. Esa es la información que yo tengo. Y aunque el tema de la vivienda no es ir y sacarle la tierra a alguien, duele un poco ver que en ese mismo terreno donde podían alojarse 20 familias va haber un obrador de una empresa constructora. Claro está, se privilegió a un obrador donde solamente pondrá materiales de la construcción y se dejó en la calle a 20 familias. Parece bastante injusta esa realidad y uno no debe acostumbrarse a eso ni a negarla por la cuestión de la propiedad privada. Está bien, nadie quiere ir a sacarle lo que otro se ganó. Por eso es el Estado y las políticas públicas los que deben garantizar esos derechos. Sea en ese terreno o en cualquier otro. Tierra hay, recursos hay, falta un poco de sensibilidad y voluntad política.

Por último, se habló de que hubo una agitación política para generar el acampe en la municipalidad. Algunos medios, y sobre todo las autoridades municipales lo dijeron.

Me pareció lamentable las palabras vertidas por el comisario o por el Intendente, poniendo el acento o señalando, no la situación, el déficit habitacional y el problema de la vivienda sino poniendo el acento en las organizaciones sociales o en algún político en particular. Con la teoría del agite para rédito político aparece la teoría del espejo, el rédito político lo está buscando Britos, en el sentido que él sabe que llegó a la intendencia con una política de mano dura, de poner orden y me parece que él se siente muy cómodo y sabe que tiene un eco en esa postura por parte de la población. Si mal no recuerdo dijo: “Hay que elegir entre un modelo del orden y del cuidado de la propiedad privada o un modelo del vale todo”. Yo le diría que hay otro modelo, que es el modelo de ampliación de derechos y de una gestión política que tenga que ver no solamente con cuidar la propiedad privada, que me parece bien, pero que no es ese el sentido. Sino que desde el Estado pueda pensar y cuidar la propiedad colectiva, que tiene que ver con esto de cómo poder acceder a la tierra, de cómo poder pensar políticas para generar trabajo, recursos y construir más viviendas que eso es, al fin y al cabo, lo que necesita la comunidad. Su estrategia discursiva le es cómoda y es el caballito de batalla por el cual llegó a la intendencia.

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