Por Fabián Flores

«Mantener a los obispos cuesta 130 millones de pesos por año», sentenció el Jefe de Gabinete Marcos Peña en su informe del mes de marzo ante la Cámara de Diputados de la Nación. El contexto en el que se develaban estas cifras no era menor: por un lado, el descontento por el nombramiento que el Papa Francisco hizo de dos curas villeros como Obispos Auxiliares de dos Diócesis locales (Buenos Aires y Lomas de Zamora), por otro el rechazo de la Fundación Vaticana Scholas Ocurrentes a una donación de 16 millones de pesos a través de un decreto del Presidente Macri, además la tensión por la habilitación del debate de la Ley de Legalización del Aborto en el Congreso, y por otro lado, un creciente tono crítico por parte de la jerarquía eclesiástica hacia la política del gobierno, en sintonía con los gestos y discursos de Francisco para con la actual realidad argentina.

El conocimiento de esta cifra disparó un sinfín de críticas por parte de una porción de la sociedad que, “horrorizada” salía a repudiar este “gasto” en las redes sociales, y a la vez fogueada por los medios de comunicación concentrados. Pero: ¿qué sabemos de estas cifras y cómo es la relación económica del Estado con la Iglesia Católica argentina?

El tedeum es una práctica que se realiza año tras año en la cual el Jefe de Estado asiste a la misa oficial por las celebraciones del 25 de mayo.

A pesar de ser en términos formales una Nación laica, el artículo 2 de la Constitución Nacional menciona que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Esto posiciona a este culto en una situación de favoritismo dentro del campo, ya que es la única institución religiosa a quien el Estado está obligado a subsidiar. Esto no significa que no lo haga con el resto de las religiones; simplemente que el sostenimiento de la Iglesia Católica tiene rango constitucional.

Pero el debate, no se focalizó tanto en esta cuestión de privilegio, sino más bien en la cifra del subsidio y en las consecuencias de su implementación.

Según la Conferencia Episcopal Argentina, quien gestiona los fondos “directos” que se reciben del Gobierno Federal, el dinero recibido tiene cinco destinos principales: asignación a los obispados, retribución a los obispos eméritos, destinos a las parroquias de frontera, asignación a seminaristas mayores (Dominicos, Franciscanos, Mercedinos, Salesianos y Jesuitas) y jubilaciones a sacerdotes ancianos que no cuentan con otro tipo de recurso.

A esto se le suma las contribuciones “indirectas” que provienen de ciertas exenciones impositivas (a Obispos y Parroquias), donaciones específicas para las remodelaciones de templos u otros inmuebles e incluso las subvenciones a los colegios privados católicos.

Lo interesante es la distribución interna de estos rubros, ya que el 50% de lo recibido va destinados a las denominadas Parroquias de Frontera o que se encuentran en zonas desfavorables para cubrir incluso, necesidades que no cubren las instituciones estatales. Con lo cual, los 130 millones a los que aludía Peña sobre el “costo” de los sueldos de los Obispos, ya se reduce a la mitad.

Una de las expresiones simbólicas del privilegio religioso es la presencia de símbolos religiosos en oficinas de carácter estatal.

Pero al margen de estas cuestiones, el hecho es que según la mayoría de las investigaciones que hay indagado en la relación del sostenimiento de la Iglesia Católica dan cuenta que el aporte estatal apenas alcanza a cubrir el 10% del manejo total de los fondos que demanda la Iglesia. Según Fortunato Según Mallimacci, uno de los referentes del campo de la sociología de la religión: “el dinero que recauda la Iglesia Católica en la Argentina para acrecentar sus fondos y financiar sus propias actividades es casi ínfimo, como lo demuestran las colectas que se hacen por Cáritas”. Sin embargo son los fieles los que terminan aportando a su funcionamiento.

Combatir el número, que en términos del presupuesto es ínfimo, opaca el gran problema de fondo que refiere al modelo de cómo entendemos que se tiene que vincular el Estado con todas las religiones y que soportes simbólicos esconden las formas en las que se justifica el dinero que el Gobierno Federal le transfiere a una institución religiosa exclusivamente, y no a todas o a ninguna.

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