Por Federico Capobianco | Fotografías: Frente de organizaciones en lucha

Se cumple un mes de aislamiento obligatoria en el país y el #QuedateEnCasa, más allá de ser una necesidad sanitaria, se transforma en un problema real sobre la economía y se profundiza cada día que pasa. Las medidas llevadas a cabo por el gobierno –desde la prohibición de despidos, el control de precios, subsidios para la fuerza de trabajo informal, financiamiento para el pago de salario, entre otras- parecen no alcanzar; y las patronales hacen oídos sordos y cortan por el hilo que más les gusta: despidos, suspensiones y recortes de salarios (cuando los pagan).

Pero si se vislumbra difícil el panorama del sector trabajador formal, ¿qué sucede en los barrios populares donde la mayoría forma parte del sector informal, en su totalidad precarizado, sin posibilidades de salir a hacerse el día para subsistir? Marianela Navarro es vocera del Frente de Organizaciones en Lucha -una organización social con más de 13 años de trayectoria y con presencia en amplio territorio nacional-: “nosotros representamos al sector de trabajadores y trabajadoras excluidas del mercado formal del trabajo de hace mucho tiempo, que desarrollan su actividad en cooperativas de construcción y hoy la obra pública está parada, también vendedores ambulantes y trabajadoras domésticas, con lo cual además de enfrentar la pandemia hay que enfrentar la multiplicación del hambre y la pobreza en los sectores populares”, cuenta con claridad a través de audios de whatsapp. Aclara también que “en el norte argentino la situación aún es más grave porque la cuarentena no puede llevarse a cabo del mismo modo en todas los sectores sociales”. Si hay algo que pone en evidencia esta crisis sanitaria son las desigualdades socioeconómicas previas que se acentúan dentro del territorio nacional que presenta disparidades provinciales desde siempre.

Desde el inicio de la crisis el gobierno nacional está intentando que el conflicto salud versus economía no se vuelva inmanejable. Con la salud como objetivo principal las medidas anunciadas e implementadas buscan que aún siga llegando un mínimo de luz al pozo que va a quedar cuando la pandemia pase. La pregunta es si alcanza. Navarro sostiene que “se han tomado algunas medidas pero todavía no están a la altura de la envergadura de las demandas que tenemos, porque por un lado exigimos que además que destinen los fondos necesarios para transitar esta pandemia es necesario que haya más fondos para que el sistema de salud no colapse, principalmente en los provincias más pobres y el conurbano bonaerense” y agrega, en lo particular: “además de garantizar la continuidad del IFE (Ingreso familiar de emergencia) y que no haya ningún tipo de restricciones, es necesario también que haya una duplicación del salario de las compañeras que están llevando a cabo una tarea esencial como darle de comer a miles de familias humildes de todo el país de lunes a lunes; también estamos reclamando que haya medidas concretas como una vacunación masiva para la población de riesgo: no están llegando las vacunas con las demandas que hay en los barrios populares. Tampoco existe la suficiente cantidad de test para verificar cómo se desarrolla la expansión de la pandemia y poder desarrollar una atención sobre estas familias”.

Los tiempos de pandemia corren mucho más rápido que la costumbre estatal y el carácter de urgencia transforma todo en desesperante, y siempre, pero siempre, aparecen quienes buscan sacar ventaja. Así, en el terreno de las licitaciones, donde más suelen verse desprolijidades, se vio una muy grave en la compra de alimentos. En el Boletín Oficial del pasado 2 de abril se publicó que el Ministerio de Desarrollo Social había adquirido alimentos –aceite, arroz, fideos y lentejas- hasta con un 60% de aumento comparado con el mercado minorista a una empresa que ni siquiera era productora. El hecho terminó con renuncia de funcionarios y la declaración del presidente Alberto Fernández anulando la misma. El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, alegó que la urgencia le jugó una mala pasada. “Con respecto a los sobreprecios, esta es una dinámica que se desarrolla en el Estado desde hace varias décadas –expone Navarro-,  son empresas que ni siquiera son productoras de alimentos, son tercerizadas que compran a precio normal y después están a la pesca de licitaciones estatales aprovechándose de las penurias de la gente en esta situación”.

El futuro puede preverse negro para el sector formal ya que, aun incumpliendo decretos nacionales, sigue habiendo despidos, suspensiones y rebajas salariales con anuencia de la burocracia sindical, pero al no haber estadísticas el destino del sector informal se anuncia peor. Para Navarro “cuando finalice la pandemia el aumento de los puntos de la pobreza va a ser descomunal, consideramos que tiene que haber una mayor redistribución de la riqueza, tiene que existir la universalización de un subsidio para todos los trabajadores informales. Fundamentalmente tiene que haber políticas de empleo”. Redistribución es la clave, ya no se trata de impulsar impuestos solidarios.

Alberto Fernández anunció los primero días del mes de abril, en diálogo con Horacio Verbitsky, que estaban proyectando un impuesto extraordinario a las grandes riquezas. Con esa idea piensan reactivar el Congreso. Los ricos que se verían afectado no superan las 20 mil personas y ya empezaron a jugar sus cartas: hubo senadores, ricos también, que ya manifestaron su oposición a la medida.

La pregunta, una vez más, como en toda crisis, es quién va a pagarla. Para Navarro no hay dudas: “Pensamos que la situación va a ir empeorando en la medida de que no se afecte a tasa de ganancia de los empresarios. En todo el mundo se ven imágenes de la atrocidad que representa el capitalismo para los trabajadores donde pareciera que el lucro y el dinero están por encima de la vida humana” y agrega, “desde este lugar las organizaciones sociales estamos garantizando, en esta etapa, no solo los comedores comunitarios, sino que hemos sacado las ollas populares a las esquinas de los barrios para colaborar y cumplir con nuestra función social en esta crisis pero también reclamar al Estado todos los recursos necesarios porque hay una función que es indelegable y que por supuesto tiene que ver con la distribución de la riqueza; todos los fondos del Estado Nacional y de los sectores privados tiene que estar al servicio de salvar a la población”.

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