Por Dante Divoy

Partiendo de la base que el mundo entero está atravesando una situación extrema por la emergencia sanitaria que ha generado la pandemia del coronavirus, la cual ha paralizado las economías de la mayoría de los países, los principales líderes políticos del planeta han tomado diferentes caminos para hacer frente a un escenario que se ha cobrado más de 400.000 vidas y que ocasionará un fuerte empobrecimiento económico en la sociedad.

En Argentina la situación de muchas empresas y pymes es muy delicada, principalmente la de estas últimas, las cuales venían siendo fuertemente afectadas por las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Por un lado, en cuatros años el peso argentino se devaluó frente al dólar en un 547% (pasó de $ 9,87 a $63,88), lo que generó una caída en el consumo interno, principal sostén económico de este sector; por otro lado, el acceso al crédito se convirtió en algo imposible de afrontar por sus elevadas tasas de interés (según el Informe de Inclusión Financiera 2019 del Banco Central “más de la mitad de las pequeñas y cerca del 70 por ciento de las medianas declararon que tienen necesidades de financiamiento. El 20 por ciento de las pequeñas y el 34 por ciento de las medianas identificaron esta falta con una restricción determinante a su crecimiento”), sólo para mencionar únicamente dos índices económicos que permiten ejemplificar esta cuestión.

Este contexto fue determinante para que durante los últimos dos años del gobierno macrista hayan cerrado más de 20 mil empresas de menos de 100 empleados en todo el país, según cifras oficiales.

A sabiendas que muchas de las empresas que presentan la quiebra sin importar lo que suceda con los trabajadores que por tanto tiempo mantuvieron en pie a la firma, pasando ahora a integrar el grupo de los “nuevos desocupados”, y por ende, un problema del Estado, es el movimiento solidario el que siempre abre y abrió sus puertas para que, en muchos de los casos, se reconstruyan como cooperativas de trabajo. Tal es el caso de la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Llavallol (COTRAMELL), creada por dos tercios de los trabajadores despedidos de la alimenticia Canale de Llavallol (REDEPSA S.A.) en el año 2018.

Incluso fue el movimiento cooperativo de trabajo que, a través de la autogestión, protegió a miles de familias que habían perdido su única fuente de ingreso durante la crisis económica, política y social que atravesó el país durante el 2001, época en la que el capitalismo le dio la espalda a la sociedad argentina.

“Eran 20 mil las cooperativas y Macri las redujo a 10 mil, casi lo mismo hizo con las mutuales”, afirmó la semana pasada a Télam el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Mario Cafiero. La dirección de la gestión de Cambiemos fue muy clara, y sus intereses estaban muy lejos de los de la economía social y solidaria (vale recordar que el ex ministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne, intentó en reiteradas ocasiones gravar con ganancias a las cooperativas y mutuales de crédito y/o seguros, algo que viola la naturaleza jurídica de las mismas por ser empresas que no persiguen el lucro).

Ahora bien, si el cooperativismo argentino fue duramente afectado por las políticas neoliberales durante los últimos cuatro años, si además históricamente fue el cooperativismo de trabajo una respuesta solidaria para que muchos trabajadores puedan seguir percibiendo sus ingresos luego de que cierren las empresas donde tanto tiempo se desempeñaron, y si lo que Alberto Fernández pretende para su gobierno es “un Estado presente, constructor de justicia social, que le dé aire a las economías familiares (…) La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas”, tal como lo anunció en su discurso de asunción, ¿no es momento para que después de más de 80 días de cuarentena se deje de discriminar a las cooperativas de trabajo?

Está claro que en momentos de crisis las ayudas que un gobierno da nunca alcanzan, pero es allí donde también se ven las prioridades de los que toman las decisiones. El decreto 332/20 del Poder Ejecutivo estableció la “Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción” (ATP)  por parte del Estado para aquellas empresas privadas que generan empleo formal y que fueron afectadas por la cuarentena, cubriendo hasta el 50 por ciento del salario neto de sus trabajadores con montos que tienen como piso los $16.875 por empleado y un máximo del doble de esa suma. A su vez, se le posibilitó posponer o reducir hasta el 95 por ciento las contribuciones patronales y acceder a créditos a tasas subsidiadas. Lo llamativo es que grandes empresas como Techint, La Nación, entre otras, fueron beneficiadas con la ATP, quedando excluidas las empresas gestionadas bajo la forma de cooperativas de trabajo.

Como si esto fuera poco, hace horas trascendió que varias empresas desistieron a la ATP (un ejemplo de esto es Techint) para no perder ciertas libertades que el mercado les otorga, como distribuir utilidades, recomprar acciones, operar en la compraventa de títulos en pesos y dólares, entre otras. Es decir, el respaldo económico para afrontar la crisis de la pandemia que las multinacionales tienen, es muy diferente al de las cooperativas de trabajo. Siendo que, en el primero de los casos siguen especulando con las necesidades ajenas en medio de una emergencia sanitaria, en tanto que en el segundo es la de saber por cuánto tiempo más van a poder resistir.

Es importante destacar que, durante el período de asilamientos social, preventivo y obligatorio, los cooperativistas de trabajo de todo el país se han podido inscribir para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000, el cual posibilita registrar sólo a un integrante de la familia para poder cobrarlo. Además, deben pagar el monotributo ($2.000 promedio por mes), quedándoles unos $6.000 en 74 días de cuarentena ($81,08 cada 24 horas).

A su vez, el actual gobierno intentó compensar esta deficiencia por intermedio de la resolución 144/20 del Ministerio de Trabajo (Línea 1 para el Trabajo Autogestionado), para ofrecer a los asociados de las cooperativas de trabajo en crisis una suma de $6.500 (menos de la mitad de lo que recibió un trabajador de una multinacional) y/o a través de los famosos créditos personales a tasa cero para monotributistas, los cuales generarán un endeudamiento a futuro en los trabajadores.

Debido a esto, es necesario que ante la emergencia sanitaria el gobierno de Fernández escuche los reclamos de las cooperativas de trabajo (169.000 trabajadores en todo el país) en su pedido de ser incluidas en la ATP, más aún cuando estas entidades solidarias han sido siempre un aliado social del Estado en tiempos de crisis, algo que dificultosamente se halle en los grandes grupos empresarios. De lo contrario, los intereses del principal mandatario comenzarán a verse reflejados: “La política es contradicción de intereses y sé muy bien cuáles represento yo y contra cuáles me choco”, le dijo Alberto Fernández a Página/12 hace apenas unos días atrás.

* Esta nota fue publicada originalmente en Mundo Cooperativo.

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