Por Federico Capobianco y Luciano Sáliche | Foto: Enfoque Rojo

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¿Qué es la política hoy? 

En tiempos de sobreinformación, de frentismo como condición excluyente, de pragmatismo voraz y resultadista, el dinamismo de la construcción de consensos elementales hace que todo se intente resolver rápido con la mayor cantidad de actores políticos influyentes contenida en tal decisión. 

Como desactivar una bomba: cortás el cable equivocado y todo estalla por los aires. Pero, ¿qué ocurre si no cortás ningún cable y dejás que el tiempo avance? La polarización alarmante de la época hace del “acuerdo social” un imposible. Pero, ¿acaso en algún momento fue posible? ¿Cómo encaminar políticamente un conflicto que necesita algo más que un parche y un par de promesas? 

A la pregunta de cómo está resolviendo Alberto Fernández los temas más estridentes de la Argentina pandémica, hay que decir: las medidas a las demandas populares aparecen tímidamente en forma de anuncio y luego se desvanecen en una finta que termina en retroceso. El caso Vicentín, el impuesto a las grandes fortunas y la despenalización del aborto, son apenas tres ejemplos. Se anuncia una resolución que luego se pincha y se termina yendo por la canaleta de la tibieza. 

Con el desalojo de las familias en el predio de Guernica —ciudad cabecera del partido de Presidente Perón—, esa imposibilidad para ofrecer una solución política concreta frente a un conflicto duro, complejo, el de la crisis habitacional, el de la miseria estructural, no fue sólo una finta, sino la peor resolución posible: la represión. 

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Pero antes: la política. O sus intentos. Y sus presiones.

La ocupación de las tierras inició el día 20 de julio. Enseguida las denuncias y una primera disposición de desalojo para el 23 de septiembre que el gobierno provincial logró posponer. Nueva disposición, nueva prórroga con fecha límite para finales del mes de octubre. El Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, declaró que los pedidos de prórroga estaban terminados (un nuevo pedido le fue rechazado a Berni quien la solicitó para el 2 de noviembre) y que sus intenciones de resolverlo pacífica y políticamente se vieron obturadas por organizaciones de izquierda (con esto también insistió el gobernador Axel Kicillof).

¿Está imposibilitado un gobierno provincial frente a disposiciones judiciales que involucran a cientos de personas en condición de vulnerabilidad y que es su obligación proteger? ¿Carece de herramientas políticas para hacer frente a presiones de una intendenta (Blanca Cantero, esposa de una de las patas de la CGT, Carlos Acuña), que pone a su juez y su fiscal y que está a su vez presionada —o en alianza— por los empresarios con intereses inmobiliarios en las tierras? ¿No existía ninguna posibilidad de volver a prorrogar el desalojo de una tierra ociosa, al menos hasta fin de año, para intentar arreglar con el 20% de las familias que aún no se habían retirado del predio?

Esta última pregunta, después de la información conocida el sábado en una nota de Laura Vales, publicada el 31 de octubre en El Grito del Sur, debería formularse así: ¿no podía el gobierno provincial plantarse y exigir tan solo una extensión de dos días para que se retiren todas las familias?

Eduardo Soares, abogado defensor de las familias que ocuparon Guernica, integrante de La Gremial de Abogados y mediador entre las partes, dio a conocer que un día antes del desalojo represivo presentaron una propuesta, conocida como Plan Palestina, que aseguraba el retiro de tres de los cuatro barrios que ocupaban el predio. Solo pedían dos días para la logística del retiro. El gobierno —específicamente Larroque— no quiso firmar porque no daba garantías de que la represión, aún firmando el acuerdo, no suceda.

María Rosario Fernández, integrante también de La Gremial de Abogados, declaró con Alejandro Bercovich en Radio con vos, que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, luego de escuchar la propuesta, solo le respondió: “Doctora, saque a los buenos”. Soares manifestó también que el fiscal nunca tuvo intención de escuchar: “Yo mañana entro y reprimo. No les doy ningún día, no se los concedo”, le habría dicho. 

Entonces, ahora sí: la represión.

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Reprimir es la jugada fácil para la política sin escrúpulos. Lo ha hecho Cambiemos durante su gestión, pero también el peronismo de la última década. En mayor o menor medida, la carta represiva está siempre ahí, lista para que alguien la tome y la juegue. Algunos la militan, otros se avergüenzan de usarla, pero todos la juegan. A un gobierno abrumado por la pandemia, por las implicancias de un mundo en llamas por un virus inédito se le pueden otorgar ciertas licencias, pero nunca el cheque sin fondo de las excusas. En Guernica la Justicia determinó el desalojo, pero es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el que lo llevó a cabo. 

Que la policía entre al predio a los tiros, con gas lacrimógeno, con topadoras, que incendie las casillas de chapas, que golpee hasta periodistas… eso no parece ser responsabilidad de Axel Kicillof que dijo con un cinismo de piedra que “la policía simplemente actuó como auxiliar de la justicia para llevar adelante esa orden” y que “los gases lacrimógenos no los llevó la policía, las casillas no las quemó la policía”. Luego, su secretario de seguridad, una supuesta “oveja negra”, Sergio Berni, se adjudicó la hazaña. No sólo dijo que “la propiedad privada es un derecho que no se negocia”, también que las agrupaciones de izquierda “huyeron como ratas”. 

Sobre esa línea macartista se apoyaron varios funcionarios como Andrés Larroque y legisladores como Fernanda Vallejos para configurar un chivo expiatorio, algo nuevo, quizás no tan nuevo, en la batalla por el sentido: un enemigo. No es la concentración inmobiliaria, no es la desigualdad estructural de un sistema cada vez más asesino, no es la Justicia como reproductor de esa desigualdad, no es la falta de políticas públicas que aborden el problema de la propiedad privada en un país gigantesco y pobre como Argentina. No. Los enemigos, dicen, son los troskos.

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Lo que pone sobre la mesa la toma de tierras en Guernica —el asunto es mucho más grande; solo en Bariloche hubo al menos veinte tomas en lo que va del año— y el posterior desalojo es el problema matriz del capitalismo: la propiedad privada. 

Una zona oscura, enorme, desigual, inalcanzable para algunos, tesoro acumulativo para otros, llena de contradicciones, protegida por los guardianes del sentido común reaccionario, cada vez más reaccionario, que es necesario habitar sin mezquindades intelectuales y con la honestidad brutal de las argumentaciones inteligentes: hoy, ser propietario es prácticamente un imposible.

No puede derretirse el debate al calor de la urgencia mediática. Como suele ocurrir, lamentablemente, las crisis económicas son los escenarios propicios para abordar estas cuestiones. Por ahora, el gobierno hace fintas, amagues, pero siempre retrocede. Quizás, como aseguran los optimistas, una vez que consiga algún logro político significativo el resto llegará como efecto dominó. Suena tontamente utópico. 

Si el peronismo no se saca el camperón represivo, si sigue actuando como una continuación popular del macrismo, si no despliega todo su aparato para acordar soluciones de fondo, la rueda seguirá girando en un bipartidismo bobo y electoralista hacia la derecha y el fuego en las casillas será cada vez más grande.

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